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sábado, julio 01, 2017

Informe revela no hubo irregularidad en licitación de PC



Libonny Pérez

Recomendaron continuar con la ejecución del proyecto y aclararon que cambiar la contratista generaría atrasos

Los integrantes de la comisión presidencial designada para evaluar la adjudicación de la planta de Punta Catalina presentaron ayer el informe final, en el cual aseguraron que la licitación y adjudicación del proyecto se realizó conforme a las leyes y las bases aprobadas por el comité de licitación. El documento fue refrendado por Agripino Núñez Collado, Jorge Alberto Reynoso Cabrera, Pedro Brache Álvarez, José Luis Corripio Estrada, Gabriel Del Río Doñé, Servio Tulio Castaños Guzmán, Persio Maldonado Sánchez, Celso Marranzini Pérez y Jaime Aristy Escuder.

Aristy Escuder, economista e integrante del equipo, leyó un resumen del informe en el cual aclaró que en el proceso de licitación existieron condicionantes que privaron al país de obtener un mejor resultado, por lo que recomendó la reforma de la Ley de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Concesiones. “En cuanto al proceso de la evaluación técnica, la comisión entiende que se completó conforme a lo establecido en las bases de la licitación aprobadas de forma unánime por los miembros del Comité de Licitación”, señaló.

Escuder detalló que la comisión realizó esfuerzos para averiguar una franja de precio que permitiera determinar la razonabilidad de la oferta económica y complementó su trabajo con la contratación de la firma FTI Consulting.

“Las investigaciones propias de la comisión llevaron a contar con documentación sobre el precio de las plantas similares en América Latina y Estados Unidos y en base a la información disponible, la propuesta económica del contratista que superó la evaluación técnica estuvo dentro de un rango razonable comparado con precios internacionales”, dijo.

Plantean modificación de la ley

Reiteró que de acuerdo al informe de FTI, el precio de la Central Termoeléctrica Punta Catalina está ubicado 6% por debajo del promedio de plantas similares en América Latina.

En el informe también se destaca que dado que el precio es el punto más controversial de la adjudicación de las plantas, la comisión se centró en investigar sobre precios de plantas eléctricas a carbón similares con el objetivo de calcular un rango de precios que permitieran determinar la razonabilidad de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina (CTPC).

Como complemento a la investigación que sobre este tema realizó la comisión, se procedió a contratar una firma internacional, FTI Consulting, para que verificara el proceso de licitación y determinara el valor razonable de las plantas de carbón con los estándares que se utilizan en la CTPC en el mercado.

“La comisión no dispone de pruebas que puedan concluir que el proceso se preparó para beneficiar al contratista que resultó ganador de la adjudicación del proyecto frente a los otros participantes de la licitación”, recalcó.

Escuder reiteró que la principal recomendación de la comisión, luego del análisis de las informaciones obtenidas, plantea modificar la Ley 340-06 de compras y contrataciones del Estado, al carecer de elementos que pudiesen incrementar la capacidad de éste de obtener mejores resultados en dichos procesos y aseguró que el informe recoge recomendaciones puntuales de reforma de la referida ley.

“La comisión considera que la actual ley pone en desventaja al Estado en su capacidad de negociar mejores condiciones y precios en comparación con la capacidad que tienen las empresas privadas cuando licitan la compra de bienes y servicios o la contratación de determinadas obras”, indicó.

Otra recomendación que planteó la comisión fue propiciar que un Comité de Licitación no cuente con una mayoría de miembros que trabajen en la institución licitante para así lograr una mayor capacidad de supervisión y cuestionamiento de las acciones de su dirección.

En lo que respecta a la ejecución de la obra, la comisión instruye que se determinen las verdaderas razones del retraso de las obras y proceder como corresponda, así como no aceptar ajustes de precio hacia arriba de lo establecido en el precio contratado para la obra de US$1,945 millones.

¿Cambio de empresa?

Al referirse a la posibilidad de cambiar al contratista, indicaron que la comisión se interesó en saber si alguna de las empresas participantes del consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella tendría la capacidad y disposición de concluir la obra sin la participación de Odebrecht.

“Tanto Tecnimont como el Grupo Estrella manifestaron que no tienen condiciones para concluir la obra por sí solas y en consecuencia el Gobierno tendría que iniciar un proceso de licitación que permita la búsqueda de una tercera empresa que esté dispuesta a concluirla”, dice el documento leído por Escuder.

Sin embargo, esta tercera empresa tendría que cumplir al menos con 13 puntos, entre los cuales destacan poseer calificaciones técnicas y experiencia en EPC similares o mejores, que esté en condiciones de asumir todas las responsabilidades y compromisos que actualmente tiene el Consorcio Norberto Odebrecht (CON) dentro del contrato de EPC y que garantice que su entrada en el proceso no acarree retrasos en la ejecución y el escalonamiento de costos.

Además debe poseer personal técnico capaz de suplantar al personal de CON que participa en el proyecto, aceptar las subcontrataciones vigentes y asumir los daños liquidables y penalidades en relación al cronograma de ejecución.

La comisión determinó que la CTPC está siendo construida sobre un terreno propiedad de la Compañía Anónima de Exportaciones Industriales, S.A. y que por el uso de los mismos el Estado paga un arrendamiento; por lo que tomando en consideración el monto de la inversión del proyecto, el Estado debería negociar con la parte privada con la finalidad de que el terreno pase a ser propiedad estatal.

Señalaron que el proceso de licitación siguió las leyes locales dominicanas y las propuestas presentadas por todos los participantes se evaluaron de forma consistente. FTI concluye que el diseño de evaluación que se utilizó para calificar las propuestas técnicas es uno de los sistemas utilizados internacionalmente para calificar dichas propuestas.

Sólo una cumplió los requisitos

En el informe se aclara que para la licitación se inscribieron 34 empresas, nacionales e internacionales, de manera individual y que de ese total sólo presentaron el Sobre de Credenciales 15 empresas. La evaluación de los Sobres de Credenciales depositados por dichos participantes fue realizada por un equipo de técnicos, legales y financieros, equipo que había sido aprobado por el Comité de Licitación y se declaró como Participantes Precalificados a seis participantes: Consorcio Daewoo International Corporation, Hyundai Heavy Industries, Co. Ltd. y Mitsui & Co., Ltd.; Individual China Gezhouba Group Company Limited; Consorcio Odebrecht, Tecnimont; Individual Posco Engineering & Co., Ltd.; Consorcio SEPCOIII Electric Power Construction Corporation, Shanghai Electric Company Limited y Dynamic Solutions (DS), SRL; Individual CB&I Dominicana, SRL. Más adelante se conformaron los consorcios con empresas locales tal como indica la ley.

Las empresas participantes recibieron la lista con los 96 criterios de evaluación técnica y la puntuación asignada a cada criterio, entre los cuales había algunos no subsanables. Se estableció que era necesario alcanzar 40 puntos de 50, como mínimo, para ser aprobado en la etapa técnica y poder pasar a la etapa económica. Esto revela que cada participante podía determinar previamente el puntaje de su propuesta antes de ser entregada y recibieron 15 semanas para prepararla. De acuerdo a las bases técnicas de licitación, tres de las cuatro empresas presentaron propuestas con elementos considerados como no subsanables. Sólo el Consorcio Odebrecht, Tecnimont cumplió con los requisitos técnicos.

Raful cuestiona resultados informe

Faride Raful, diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) consideró que la comisión designada por el Poder Ejecutivo para estudiar la adjudicación y licitación de la termoeléctrica de Punta Catalina se contradice con la naturaleza para la que fue creada mediante decreto.

“La comisión a pesar de no haber estudiado ni el contrato opina de él sin tecnicismo requerido para esos fines, opina del proyecto, tergiversan y manipulan sobre el tema cuando ellos solo debían circunscribir a la adjudicación que fue la facultad que le otorgó el presidente de la República”, sostuvo.

Dijo que el informe presentado por la Comisión Ejecutiva se contradice en varios puntos. Citó como ejemplo, que “por un lado, justifican los sobrecostos en la planta por retrasos en pago y por otro nos dicen que se han sobre avanzado pagos”.

“Cuando se refieren al financiamiento de la planta, eluden las Líneas de Crédito emitidas a favor del Consorcio, por el Banco de Reservas en agosto de 2016. Por un monto de US$300 millones sin garantía”, resaltó.



Servio Tulio elogia a César Sánchez

El integrante de la comisión Servio Tulio Castaños Guzmán elogió el trabajo realizado por César Sánchez, quien debió renunciar a la comisión tras ser imputado por el caso Odebrecht, y dijo que para ellos fue un honor trabajar con él. “Fue uno de los que más aportes hizo dentro del proceso. Se ha ganado el respeto de cada uno de nosotros y queremos que esto quede bien claro”, señaló.

Castaños Guzmán resaltó que lamentablemente está viviendo un proceso judicial “pero tengo que confesar, y lo digo en nombre de la comisión, que su comportamiento como el de todos los miembros fue honorable y para nosotros fue satisfactorio compartir este espacio, independientemente de las diferencias de criterios que pudimos haber tenido, que es normal, porque son 10 personas que tienen sus especialismos y es completamente normal que se den debates”. Resaltó que lo más importante fue que el informe se logró y que el país tiene la oportunidad de leer y sacar conclusiones de lo que se hizo. “Las entrevistas estarán disponibles”.

El Caribe

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