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Jumelles Rodríguez, Nalleli Pérez, Juan López y Víctor Almonte.

sábado, octubre 28, 2017

Rajoy disuelve el Gobierno catalán



Barcelona. En una de las jornadas más trascendentes de la historia española reciente, el Parlamento regional catalán votó por declarar unilateralmente la independencia el viernes, a lo que el Gobierno central replicó de inmediato, asumiendo poderes constitucionales especiales para impedir la secesión.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, disolvió el Gobierno y el Parlamento catalanes, y convocó a elecciones regionales para el 21 de diciembre, tras la declaración de independencia en Cataluña.

La medida es parte de las acciones de emergencia aprobadas por el Senado ante el anuncio de autodeterminación catalana.

Es posible que la destitución de los líderes encuentre una feroz oposición en Cataluña, donde miles celebraron el viernes la declaración de independencia.

Rajoy dijo que decidió “convocar cuanto antes esas elecciones libres, limpias y legales que puedan restaurar la democracia en la comunidad autónoma”.

Los nuevos poderes también le permitirían al Gobierno tomar el control de la policía y los órganos de prensa estatales.

“Hoy el Parlamento de Cataluña ha aprobado algo que en la opinión de una gran mayoría de personas no sólo va contra la ley sino que es un acto delictivo”, declaró Rajoy.

La decisión del Senado, de autorizar al Gobierno a asumir el control de Cataluña, anula el voto independentista del Parlamento regional, que en todo caso era un acto simbólico, porque es casi seguro que el Tribunal Constitucional lo rechazará.

Sin embargo, la lucha en torno al futuro de Cataluña dista de estar resuelta.

El despojo de los poderes locales por Madrid probablemente será visto por los catalanes como un acto humillante y provocador. Se ha convocado a protestas el domingo, y los empleados del Gobierno regional podrían aplicar un plan de desobediencia y retiro de cooperación.

Presentarán cargos contra independentistas

Un vocero de la fiscalía dijo que se presentarán cargos de rebelión contra los responsables del voto independentista. La ley española castiga la rebelión con hasta 25 años de prisión, o menos si no se producen actos de violencia. La fiscalía intenta determinar si los cargos se presentarán solamente contra Carles Puigdemont y su vicepresidente Oriol Junqueras.

El Caribe.

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