No figuran en la legislación dominicana , juristas proponen mecanismos para castigar estas acciones
SANTO DOMINGO. Kairon Peralta y Epifanio Arias Paulino (Fernando) tienen en común haber sido supuestamente secuestrados y la “buena suerte” de escapar de sus “captores” sin un rasguños.
La historia de Peralta, quien es chofer y supuestamente estuvo secuestrado 11 días en territorio haitiano ha generado dudas, ya que las autoridades dominicanas y las haitianas no comprobaron su versión. Sus secuestradores pedían la suma de 50, 000 dólares por su libertad, sin embargo, como si se tratara de una película, este dijo que aprovechó una noche lluviosa para escapar.
Sobre este caso, la Policía Nacional dijo, en su momento, que investigaba para determinar si se trató de un “autosecuestro”, pero los resultados de tal investigación nunca salieron a relucir.
Otro caso similar y que tampoco ha sido esclarecido por la Policía Nacional, es el del empresario de Santiago Epifanio Arias, quien presuntamente fue secuestrado la noche del día 9 del presente mes junto a un amigo de nacionalidad colombiana y aparecieron varios días después.
Sobre este hecho, las autoridades dijeron desconocer si el empresario y el colombiano habrían pagado alguna suma de dinero a sus captores, ya que en principio se informó que les exigían el pago de 5 millones de dólares o su equivalente en pesos dominicanos, 300 millones. Este supuesto secuestro tampoco se ha esclarecido.
Proponen mecanismo para sancionar
El abogado César Amadeo Peralta, considera que en el país se debe legislar para sancionar a cualquier persona que finja su secuestro, ya que “esa acción de autosecuestrarse para pedir un rescate, no sólo lleva desasosiego a las familias, sino que hace incurrir en gastos operativos humanos y económicos, tanto a la Policía Nacional, al Ministerio Público y a los organismos de seguridad del Estado que pudieron emplear esos recursos para resolver otros casos. A parte del daño a la inversión extranjera, por propagarse la falsa noticia de que en el país exista la industria del secuestro”.
Mientras que el abogado Ángel Moneró, opinó que en el país no se necesitan más leyes para que esas prácticas sean sancionadas, porque aunque en las leyes no existe el autosecuestro, sí contempla pena contra el chantaje.
“Muchos de estos casos que se están dando no son autosecuestro. Se le está llamando autosecuestros, pero en el fondo hay algo diferente, si se verifica, de lo que se trata es de un chantaje económico. Porque cuando se hace esto es para obligar mediante chantaje a un familiar o relacionado a buscar y entregar lo que le están pidieron por el supuesto rapto. También se hacen para no sumir responsabilidad por algo”, argumentó Moneró.
Explicó que “estos actos se dan para ”tumbar” a un familiar que creyendo que se trata de una acción delictiva, ceda lo que le están pidiendo, entonces en lugar de llamarle autosecuestro, a la Policía no le falta ley para investigar porque de lo que se trata es de un chantaje en potencia y hay tipificación penal para castigar el chantaje como acción criminal para estafarle dinero a la gente”.
Cinco “autosecuestros” desde el 2010
Desde el año 2010 la prensa registra por lo menos cinco casos de los llamados “autosecuestros” de personas que fingieron estar secuestradas para pedir dinero, o para evadir alguna responsabilidad familiar.
En agosto 2010, Jenny Marisol Herrera Custodio fingió su secuestro junto a su hija de 11 años para obtener un millón de peso de parte de su esposo, en Baní.
En enero 2015, el joven José Antonio Martínez simuló un secuestro y envenenamiento en Santiago, con el fin de sacarle la suma de 400 mil pesos a su padre. El joven confesó todo a la Policía Nacional y no lo sancionaron.
En noviembre de 2016, una mujer identificada como Jennifer Fabián Díaz, también se “autosecuestró” en Santiago para estafar a sus familiares con la suma de RD$200 mil, según informó en su momento, el Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional.
En agosto de 2016 un joven de 20 años fue apresado por la Policía por haber simulado, junto a otras dos personas, que fue secuestrado para que su familia le entregara RD$25 mil para pagar una deuda de RD$20 mil. Cristofer Sánchez Cabral residía en el Ensanche Espaillat, Distrito Nacional.
En junio de 2017 el estudiante Juan Miguel Rosario González fingió su secuestro para que sus familiares no se entereran que dejó de estudiar y que no se graduaría de médico en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Diario Libre.
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