Mientras los capitaleños reciben un subsidio de RD$34.00, Coraasan mide cada gota que ofrece a los santiagueros
Una diferencia de RD$14.00 en el costo del metro cúbico de agua que se paga en Santiago en comparación con la tarifa establecida para Santo Domingo evidencia la urgente necesidad de acelerar el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento (APS) en la República Dominicana.
Aun cuando dispone de importantes fuentes para abastecerse de agua y transformarla de cruda a potable, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) cobra a sus clientes RD$20.00 por el metro cúbico del líquido, mientras los capitaleños pagan apenas RD$6.00 por ese volumen.
Las tarifas no obedecen a estudios previos de costos y sostenibilidad financiera. Tampoco a la existencia de un régimen tarifario que garantice la eficiencia económica y la equidad social en la operación del servicio.
Los montos se sustentan en la facultad legal que tiene Coraasan de fijar tarifas a sus servicios solo con la aprobación de su Consejo Directivo, mientras la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) precisa un decreto presidencial para ponerlas en vigencia.
La diferencia tarifaria también refleja la política de gestión del servicio. Mientras los capitaleños reciben un subsidio de RD$34.00, la Ciudad Corazón mide cada gota del líquido que entrega a los santiagueros.
Potestad para elaborar políticas
Por las leyes que le dieron origen, Coraaplata (Puerto Plata), Coraamoca (Moca), Coraavega (La Vega), Coaarom (La Romana) y Coraabo (Boca Chica), al igual que Coraasan, tienen potestad para elaborar políticas, planes, establecer tarifas, construir y operar sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario para proveer esos servicios a la población.
Además de autorregularse, estas prestadoras de servicios reciben cada año una cuantiosa asignación económica del Presupuesto General del Estado para financiar sus costos operacionales e inversiones de capital.
Un diagnóstico financiado por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia Española de la Cooperación para el Desarrollo (AECID) y la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) hace cinco años le recordaron al país la necesidad de reintroducir y aprobar en las cámaras legislativas el proyecto de ley Reforma y Modernización del Sector Agua Potable y Saneamiento.
Entre los argumentos que utilizó el II Informe de Monitoreo de los Avances de República Dominicana en Agua Potable y Saneamiento para insistir en el proceso de reformas, señalaba que el subsidio de los servicios de agua potable y saneamiento no cuenta con un sistema de asignación para quienes realmente lo necesitan porque es “generalizado y carente de control”, además de tener un “enfoque de carácter asistencialista”, que está “muy influenciado por el clientelismo político”.
Consultados por el periódico elCaribe, Julio Suero Marranzini y Silvio Carrasco, ingenieros expertos en el tema del agua y exdirectores de instituciones del sector APS, expresan con franqueza que lo cierto es que en el país “no existe ninguna política tarifaria”.
La diferencia de costo entre el metro cúbico de agua que se cobra en Santiago y el que se paga en Santo Domingo es un fenómeno “discrecional, un desorden, porque nadie tiene control de nada”, asegura Carrasco.
Desde su punto de vista, “debe crearse un reglamento nacional que establezca cómo es que se va a cobrar el agua potable, cuáles son los subsidios cruzados que tiene que haber para que los pobres tengan acceso al agua, aun pagando por ella, y cuál debe ser el costo del agua para cada uno de los complejos turísticos y urbanísticos que se desarrollan”.
Suero Marranzini lo corrobora y cuando se le pregunta qué pasa en términos tarifarios con los demás acueductos del país, presenta la magnitud real del problema.
Discrecionalidad
“Ahí todo el mundo pone la tarifa que le da la gana. Hay tres acueductos que son: el Acueducto Múltiple del Suroeste (Asuro), el de las Hermanas Mirabal y el de Samaná, que consumen una cantidad de energía tal que la tarifa del Inapa entera no la cubre”, afirma.
La República Dominicana cuenta con 1,272 acueductos, de los que el 34 % son operados por entidades públicas y 66 % por operadores comunitarios, con una capacidad de producción de agua potable instalada de 62.27 m3/s.
De acuerdo con el exdirector del Instituto Nacional de Agua Potable, “la única forma de subir la tarifa en Santo Domingo es si el Poder Ejecutivo lo aprueba debido a que así lo establece la ley que crea la CAASD. No es el caso de las corporaciones de acueducto. Esas son leyes mal hechas”, comentó.
El metro cúbico del agua que capta, conduce y potabiliza la CAASD, tiene un costo RD$40.00 pesos por unidad, pero se comercializa, dependiendo de su uso, a solo RD$6.00 pesos, conforme publica esa institución en su página web, en la que reconoce, además, que se trata de un “servicio altamente subsidiado por el Estado dominicano”.
A juicio de Suero Marranzini, en el país se producirá una revolución el día que la gente entienda que no toda el agua puede botarse. Sostiene que en los barrios de Villa Mella, Cristo Rey y otros más de la capital, nadie paga agua.
“Aquí, en Santo Domingo, no hay medición de agua”, asegura el ingeniero, tras estimar en un 70 % la cantidad de hogares dominicanos conectados a la red que no paga el servicio.
“Sin medición de agua, no hay forma de cobrar y sin cobrar agua, no hay forma de ahorrarla”, precisa durante la entrevista el ingeniero Carrasco, quien es director de la Unidad de Gestión de Agua de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
Destaca que en todo el territorio nacional, solo Coraasan hace medición del agua potable, por lo que considera que ha llegado el momento de que el país se organice y ponga a funcionar una adecuada administración del servicio de agua potable.
“El Estado no tiene que pagar nómina, energía ni costos operacionales. Cada uno de los acueductos tiene que tener un nivel de compromiso tarifario para llegar a la autogestión en el servicio”, declaró el exdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).
A la autogestión, insistió Carrasco, solo se llega por un camino: cobrando el agua potable de manera eficiente.
Al igual que el ingeniero Suero Marranzini, Carrasco entiende que se debe conocer y aprobar el proyecto de Ley de Agua Potable y Saneamiento para solucionar el problema tarifario.
Otros servicios también enfrentan dificultades
En el país existen déficits en la cobertura y calidad del servicio de agua potable, alcantarillados, tratamiento de aguas residuales, disposición adecuada de excretas, recolección y manejo integral de residuos sólidos. Las mayores brechas de cobertura se dan entre las zonas urbanas y rurales, así como entre provincias y regiones. En sentido general, son las zonas pobres del país las que disponen de menor cobertura de los servicios.
El Caribe.
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