El Gobierno se propone mantener durante el ejercicio fiscal 2022 las reducciones hechas durante los últimos años a las asignaciones presupuestarias de porcentajes fijos que mandan distintas leyes. Para esta ocasión, las afectadas son 12 instituciones oficiales, incluidas la Presidencia de la República, los ayuntamientos y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Aunque no dice la proporción de las reducciones, que tradicionalmente han sido en promedio cerca del 35 % del monto arrojado por el mandato “legal”, el proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2022, cita las leyes y las instituciones que serán afectadas.
El artículo 35 del proyecto, con el título “Ajustes a recursos asignados por leyes especiales”, indica que “se autoriza al Poder Ejecutivo, por excepción, a apropiar un monto inferior, a los montos que corresponden, según los porcentajes que se especializan para fines distintos en las leyes que rigen a los entes y órganos siguientes”:
Poder Ejecutivo (PE), Congreso Nacional, Poder Judicial (PJ), Junta Central Electoral (JCE), Procuraduría General de la República (PGR), Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Ayuntamientos y juntas de distritos municipales, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Ministerio de la Juventud, Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), Dirección General de Aduanas (DGA), y Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Existen unas 28 leyes que asignan porcentajes fijos a diferentes instituciones estatales, pero por la rigidez que representan, comprometiendo cerca del 70 % del Presupuesto sin haber sido formulado, nunca son cumplidas, con algunas excepciones como la del 4 % del PIB que manda la Ley 66-97, General de Educación.
Los ayuntamientos y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, figuran entre las entidades en las que menos se cumplen los porcentajes establecidos por las leyes que se los fijan. Según la Ley 139-01, en su artículo 91, a la UASD le corresponde el 5 % de los recursos internos estimados en el PGE, pero en la práctica recibe un promedio del 30 % de lo que le corresponde. A los ayuntamientos o gobiernos locales la Ley 166-03, artículo 3, manda asignarles el 10 % de los recursos que ingresan al Fondo General. Reciben un promedio del 40 % de los ingresos que les tocan por ley.
Del grupo de los órganos oficiales que seguirán “ajustados” en el proyecto de PGE 2022, la DGII y la DGA están en la lista. A la DGII, según la Ley 227-06, artículo 14, le corresponde el 2 % de sus recaudaciones y el 0.5 % de su recaudación efectiva.
Usualmente recibe entre 40-50 % del primer concepto y cerca del 90 % por el segundo. En el caso de la DGA, según la ley 226-06, artículo 14, le corresponde el 4 % de sus recaudaciones, pero generalmente recibe el equivalente a la mitad de su derecho.
La Presidencia de la República, que en la propuesta figura con potencial de ajuste en sus asignaciones legales, tiene dos conceptos de asignaciones fijas: El Fondo del Presidente, que instituye la Ley 423-06, en el artículo 32, que manda el 5 % de los ingresos corrientes, y el artículo 33 de la misma ley, que asigna un 1 % de los ingresos corrientes para un Fondo de Calamidad Pública, cuyo manejo le corresponde al Poder Ejecutivo. El primer fondo es el que menos se ha cumplido históricamente, y la asignación ha fluctuado entre 20 y 25 % del valor que debe representar.
A Mitur le corresponde el 50% venta tarjetas turismo
Al Ministerio de Turismo le corresponde, según el decreto 99-01, el 50 % de las ventas de tarjetas de turismo. El ingreso efectivo ha sido por debajo del 10 % del potencial. Otras dependencias con amenazas de ajustes son el Poder Judicial, que le corresponde el 3.1 % del Fondo General según el artículo 2 de la Ley 194-04; la Procuraduría General de la República, el 1.44 % del Fondo General, según el artículo 3 de la Ley 194-04; la Junta Central Electoral (JCE), con el 1.5 % de los recursos internos; el Congreso Nacional, al que la Ley 194-04 en el artículo 2 le asigna el 3.10 % del Fondo General. Asimismo, tendrán bajas en sus asignaciones presupuestarias por ley la Cámara de Cuentas, el Ministerio de la Juventud y el Conani. A la Cámara de Cuentas, la Ley 194-04 le asigna el 0.30 % del Fondo General; al Ministerio de la Juventud, la Ley 49-00 le asigna el 1 % de los recursos internos, y al Conani la Ley 136-03 le asigna el 2 % del Presupuesto Nacional. Otra instancia que por ley tiene asignación fija, pero que en la “dispensa” solicitada para ajustarle su partida no fue citada, es el Ministerio de la Mujer.
El Caribe.
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