Managua. La Justicia nicaragüense encontró culpable a otros cuatro dirigentes opositores, incluido uno que aspiró a la Presidencia de Nicaragua, por el delito de conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional, con lo que suman 14 los disidentes declarados culpables en los últimos nueve días.
El líder campesino Medardo Mairena, quien había anunciado sus intenciones de aspirar a la Presidencia de Nicaragua en las elecciones generales de noviembre pasado, en las que fue reelegido el presidente Daniel Ortega, fue uno de los encontrados culpables por conspiración o “traición a la patria”, de acuerdo con organismos humanitarios.
Los otros tres fueron el también dirigente rural Pedro Mena, el politólogo José Antonio Peraza y el campesino Alexis Peralta. La Fiscalía solicitó imponer una pena de 13 años a Mairena y de 10 años a los otros tres, según defensores de los derechos humanos y representantes del Movimiento Campesino.
Los cuatro opositores fueron encarcelados en medio de una ola de arrestos en el contexto de las elecciones generales, en las que Ortega fue reelegido para su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
Los dirigentes Mairena y Mena ya habían pasado 11 meses en prisión tras liderar a los campesinos en las masivas protestas antigubernamentales que estallaron en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social.
Ese año la Justicia de Nicaragua los acusó de “terrorismo” y los sentenció a 216 años y 210 años de prisión, respectivamente.
Mairena y Mena fueron excarcelados bajo una ley de amnistía, que causó controversia porque estos nunca reconocieron haber cometido delitos, y porque dejó sin resolver el asesinato de al menos 355 personas, de acuerdo con las cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el caso de Peralta, originario del municipio de Condega (norte) fue capturado en noviembre pasado y encontrado culpable de violar la “Ley de Ciberdelitos”, que sanciona cualquier información en un dispositivo electrónico que el Gobierno considere como una amenaza, y que ha sido criticada por la discreción con que puede ser aplicada.
El Caribe.
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