Han hecho rescisión sospechosa de contratos, previo a promulgarse ley que beneficiaría a los que tenían hospitales adjudicados y dados información falsa
Con el fin de despojar algunos contratistas de proyectos cuyos presupuestos han variado en casi 700% más del monto original, el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) habría llevado a cabo una serie de acciones cuestionadas e incluso judicializadas por parte de contratistas del Estado.
La partida presupuestaria para la reparación de los hospitales transferidos al Mivhed desde la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) no aumentó hasta un 502.9% como la institución gubernamental había informado a ElCaribe sino en 694.5% con relación al monto original contratado, pudo confirmar este diario a través de la Dirección General de Compras y Contrataciones Pública.
Además de esto, la institución realizó nuevos procesos de licitación y adjudicación de urgencia días antes de que el presidente de la República promulgara la Ley 118-21 sobre terminación de obras viales, escuelas y hospitales que se encuentran suspendidas. Esa ley permite aumentar los presupuestos en más del 25% contemplado en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, refieren los ingenieros a quienes les rescindieron los contratos.
La nueva Ley 118-21, promulgada el 1 de junio, manda hacer modificaciones y actualización de los precios, no rescisión de contratos, según explicaron abogados consultados al respecto.
Estrategia
El Tribunal Superior Administrativo (TSA) está apoderado de al menos tres recursos contenciosos en contra de ese ministerio por rescisión o intento de rescisión de los contratos cuyos presupuestos fueron aumentados por la administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM), así como de decenas de instancias contra la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), entidad suprimida ante la creación del mencionado ministerio.
Los contratistas a quienes se les notificó la cancelación de sus vínculos contractuales, obtenidos mediante concurso tras la declaratoria de emergencia para la reconstrucción de 56 centros hospitalarios hechos por el Ministerio de Salud Pública en el año 2013, contradicen los informes que del Ministerio de la Vivienda respecto a incumplimientos, porcentaje de obras en ejecución e incluso monto actual de las obras.
Juan Amauris Romero Ventura, Leonel Antonio Ortiz Feliz y José Andrés Pigüeiras, quienes eran los adjudicatarios de la reconstrucción de los hospitales Antonio Musa en San Pedro de Macorís, Vinicio Calventi en Santo Domingo y Octavia Gautier de Vidal en Jarabacoa, respectivamente, coincidieron en que les cancelaron los contratos justo cuando el Mivhed modificó el presupuesto y antes de la entrada en vigencia de la ley 118-21.
Los contratistas comentan una serie de acciones que presuntamente hicieron las actuales autoridades: no firmarles bitácora, mandarlos a realizar trabajos sin autorización por escrito y no pagarles cubicaciones para que estén ahogados en deuda, todo, según cuentan, con la finalidad de quitarles las obras.
El Mivhed no solo habría mentido a los contratistas, también lo hizo con ElCaribe en las respuestas emitidas, luego de mucha insistencia, a través del Departamento de Libre Acceso a la Información Pública.
La institución gubernamental justifica el aumento de los presupuestos estableciendo que las pasadas autoridades no contemplaban el equipamiento de los hospitales, por lo tanto, eran inferiores a lo realmente necesario para la ejecución y culminación de los centros de salud, en tanto que al referirse a la recisión es enfático en establecer que los contratistas no han podido justificar los montos que se les ha pagado y en otros casos porque tienen contratos de adendas que sobrepasan el 25% de costo contemplado en la ley de compras.
En la ley sobre terminación de obras viales, escuelas y hospitales aprobada en el Congreso Nacional cinco días después de que se rescindió el contrato del Antonio Musa y promulgada a los once días del hecho, se enfatiza que “los presupuestos se encuentran agotados debido a una incorrecta planificación y ausencia de los estudios previos, que de mantenerse esta situación, produciría una eventual paralización de estas obras”.
“La decisión de rescindir los referidos contratos obedeció, exclusivamente, a incumplimientos graves del/los contratistas(s) según fueron constatados por el MIVED. Según cada caso, se verificaron irregularidades de diversa índole, tales como: incumplir con el tiempo estipulado para iniciar y entregar la obra acordado en el propio contrato, realizar modificaciones al contrato original que fueron aprobadas por la administración anterior, a pesar de que las mismas estaban prohibidas por la ley, imposibilidad de justificar con los avances realizados en las obras, la ejecución del presupuesto desembolsado por el Estado dominicano, entre otras”, respondió la entidad al cuestionarle sobre la coincidencia entre la recisión de los contratos y la promulgación de la Ley118-21.
Montos adeudados a contratistas
Los contratos para remodelación de hospitales firmados en el año 2013 y posteriormente modificados en 2015 establecían un tiempo de duración que iba entre los seis meses a un año, sin embargo, de acuerdo con documentación suministrada por el ministerio, los contratistas recibieron sus primeros desembolsos para inicio de los trabajos en octubre del 2016, mayo 2017 y mayo 2018.
No pudimos establecer los tiempos transcurridos entre cubicaciones presentadas por las constructoras y la fecha efectiva de pagos de la institución gubernamental debido a que no nos fue suministrada pese a solicitarla.
Actualmente el Mivhed le adeuda 155 millones de pesos al contratista del Vinicio Calventi, 126 millones al del Antonio Musa y siete millones al del Octavia Gautier, según un documento compartido por la institución en el que se refleja, además, que los últimos pagos por cubicaciones ejecutadas, se hicieron en noviembre de 2020, agosto y diciembre de 2019 respectivamente.
“Todas aquellas cubicaciones que han estado apegadas a la ley ya fueron pagadas o están en proceso de serlo. En aquellos casos en los que hay cubicaciones que presentan irregularidades, se han abierto procesos de investigación y se actuará conforme a la ley según los resultados, preservando siempre el patrimonio de los dominicanos”, respondió la institución.
Nuevos montos y consorcios
En fechas 15 y 24 de noviembre, notificaron a ElCaribe que los presupuestos de los hospitales Antonio Musa y Octavia Gautier eran de RD$1,774,294,380 y RD$600,967,728 y que estaban en proceso de licitación, cuando en realidad esas obras ya había sido adjudicadas a otras empresas y los montos habían variado. Los contratistas que ganaron el concurso, dijeron desconocer los aumentos que dijo el Ministerio se hicieron en los presupuestos.
Este medio pudo verificar en la licitación colocada en la página de Contrataciones Públicas, que el precio base para el hospital Musa fue de RD$1,968,585,366.00, sin embargo, fue adjudicada el 20 de noviembre al Consorcio Malespin-Group Z, por un monto de RD$2,338,337,972.09, es decir, mayor al 10% que permite la Ley 340-06 respecto a ofertas económicas presentadas durante una licitación.
Para justificar la adjudicación con monto superior al permitido, la unidad de contrataciones afirmó que la “diferencia corresponde a que no contemplamos en el presupuesto estimado, equipos que se encontraban en la matriz, además de que producto de la pandemia del COVID-19 los valores de embarques de los equipos han incrementado en más de un 200% desde la fecha de que se realizó el presupuesto hasta el momento de la presentación de la oferta, en tal sentido, recomendamos tomar como válida la propuesta”.
“Ese presupuesto estimado está un poquito por encima de lo que nosotros le habíamos reclamado que se necesitaba para terminar la obra”, refiere el ingeniero Juan Romero en referencia al monto base licitado.
Explica que hace más de un año, cuando el presidente Abinader visitó el hospital solicitó un adelanto de lo adeudado para concluir algunas áreas pero no se le hizo caso.
Reacción de contratistas
El Consorcio Constructor Hospitalario fue beneficiario del proyecto Octavia Gautier por un valor de RD$ 326,242,332.58, es decir, un 108.9% más del presupuesto original.
“Cuando promulgan esa ley, mi hospital está dentro de esa ley, y lo llevan a 350 millones. Ahí es que dicen vamos a quitárselo a ese muchacho, vamos a…” se queda en silencio José Pigüeiras al describir que en una ocasión se reunión con el ministro Carlos Bonilla debido a las constantes modificaciones que se hacían al plano de la obra.
Comentó que fruto de esta situación, tuvo un alterado con el ministro Carlos Bonilla y desde ese momento los responsables de supervisar la obra se negaban a firmarle la bitácora diaria, algo que entiende formaba parte de las estrategias para despojarlo de la obra, como en efecto ocurrió.
Hasta el momento no se encontró procesos de licitación vinculados al hospital Vinicio Calventi, sin embargo. El ingeniero a cargo de la obra confirmó a este diario que está en un proceso judicial porque el Mivhed quiere el proyecto.
“Lo rescindieron porque le interesaba el proyecto terminarlo (ellos) y estamos en un proceso de justicia porque hay una sesión de crédito que no me han cumplido con la sesión de crédito”, comentó Leonel Ortiz, quien explicó además, que con la pandemia, los precios de los materiales de construcción aumentaron y que cuando sometía los nuevos precios y las cotizaciones nunca las autorizaban.
“El oferente/proponente presentó una suma de RD$2,338,337,972.09, el cual es mayor con el monto estimado para este proyecto (RD$1,968,585,366.00), por lo que procedemos a evaluar el presupuesto realizado por nosotros en comparación con las matrices de equipos y mobiliarios que suministramos para el proceso” , dice el acta.
“Pudimos comprobar que esa diferencia corresponde a que no contemplamos en el presupuesto estimado, equipos que se encontraban en la matriz, además de que producto de la pandemia del COVID-19 los valores de embarques de los equipos han incrementado en más de un 200% desde la fecha de que se realizó el presupuesto hasta el momento de la presentación de la oferta, en tal sentido, recomendamos tomar como válida la propuesta”, continúa diciendo el documento de adjudicación de fecha 22 de noviembre pasado.
Otro no proveedor del Estado
El Consorcio Constructor Hospitalario, quien fue beneficiario del proyecto Octavia Gautier, tampoco era proveedora al momento de participar de la licitación. El listado de proveedores del Estado que figura en la página de Contrataciones Públicas establece que registraron el 13 de diciembre de 2021, es decir luego de haberles adjudicado la terminación del hospital por un monto de RD$ 326,242,332.58, es decir, un 108.9% más del presupuesto original.
Juan Romero Ventura y José Andrés Pigüeiras dijeron que los montos para la terminación de las obras, presentados a las nuevas autoridades, son inferiores a los nuevos costos adjudicados a los nuevos consorcios.
Hasta el momento no se encontró procesos de licitación vinculados al hospital Vinicio Calventi, sin embargo. El ingeniero a cargo de la obra confirmó a este diario que está en un proceso judicial porque el Mivhed quiere el proyecto.
Respuestas de Carlos Pimentel:
Durante dos meses este diario ha esperado reacción del Ministerio de la Vivienda referente a solicitudes de información así como de entrevistas, sin embargo la respuesta ha sido el silencio.
El director de Contrataciones, Carlos Pimentel, explicó que toda empresa que va a participar de una licitación pública debe estar registrada y/o habilitada como proveedora del Estado y que en caso de que no lo estén podrán entregar una oferta presentando su solicitud de inscripción y tendrá hasta vencer la etapa de subsanación de documentos del proceso para aportar su constancia de proveedor.
Al cuestionarle respecto a si ¿Es correcto que una empresa o consorcio se registre como proveedor del Estado después de que se le adjudique una obra? Respondió lo siguiente:
“No, deberán estar previamente inscritos, en el caso de los consorcios o las empresas extranjeras estos podrán inscribirse de manera provisional y luego de ser adjudicados realizar su inscripción definitiva ante el Registro de Proveedores del Estado”.
Destacó que no hay excepción para los consorcios y que un procedimiento aceptable es que haga la solicitud de registro provisional.
Datos
El Antonio Musa, según la primera información que entregó el Mivhed, es el que más aumento de presupuestos tiene: 502.9%, al pasar de 294 millones 294 mil 380 pesos a 1,774 millones 294 mil 380 pesos y de acuerdo a la institución estatal el contrato no se podía enmendar porque se agotaron los fondos sin embargo en la notificación de rescindió de contrato dijeron que es porque el monto acordado en el contrato que se hizo con OISOE sobrepasa el 25% permitido por la ley.
La OISOE firmó nuevos contratos con los que ganaron vía sorteo la reconstrucción de los 56 hospitales declarados en urgencia por el entonces presidente Danilo Medina.
“En lo referente a los hospitales cuya construcción fue asignada a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), sus presupuestos se encuentran agotados debido a una incorrecta planificación y ausencia de los estudios previos que, de mantenerse esta situación, produciría una eventual paralización de estas obras, acompañado del costo social que tal hecho implicaría, incluso a pesar de haberse superado el veinticinco por ciento del monto original”, dice el considerando decimosegundo de la ley 118-21 aprobada en el Congreso Nacional cinco días después de que se tomó la decisión de rescindir el contrato del Musa. El presidente Abinader la promulgó a los once días del hecho.
“Ese presupuesto estimado está un poquito por encima de lo que nosotros le habíamos reclamado que se necesitaba para terminar la obra”, refiere el ingeniero Romero en referencia al monto base licitado.
Octavia
Construcciones, servicios y diseños civiles Dominic del señor José Pigüeiras, iba a reparar el hospital Gautier por a 156 millones 163 mil 166 pesos, luego el presupuesto aumentó 326 millones 242 mil 332 pesos.
La razón de la recisión es porque “el contratista estaba incumpliendo” dijo el Ministerio. El señor José Pigüeiras explica que en varias ocasiones devolvió los planos porque tenían errores.
“Cuando entran las autoridades, hacen un recorrido y ven que el hospital está atrasado y le decimos que sí, está atrasado pero no es por culpa de nosotros, yo necesito planos para trabajar… Los planos no lo hacemos nosotros, eso lo hace la institución”, dijo.
Comentó que fruto de esta situación, tuvo un alterado con el ministro Carlos Bonilla y desde ese momento los responsables de supervisar la obra se negaban a firmarle la bitácora diaria, algo que entiende forma parte de las estrategias para despojarlo de la obra, como en efecto ocurrió.
“Luego de esa conversación con Carlos Bonilla nosotros sentimos que nos está sacando el cuerpo OISOE. Por ejemplo los supervisores no nos quieren firmar las bitácoras y todo era verbal y no nos dieron nada por escrito, más la redundancia de la entrega de plano a lo que yo me opongo y le digo al ingeniero residente que tengo allá que si no le dan nada escrito que no lo reciba”, expresó.
Refiere que para despojarlo de la obra le hicieron un informe “falso” donde se hace constar un estado del proyecto que no se corresponde con la verdad, debido a que contiene fotografías de cuando el proyecto había iniciado, no la condición actual, y que además de que esa información no se corresponde con la verdad, como acto de “mala fe” pidieron su inhabilitación como proveedor del Estado.
“Ellos mismos dicen: si bien es cierto que hubo falta financiera de carácter arquitectónico y estructural, no es menos cierto que cada vez que se entregaban los planos para satisfacer esas necesidades, el contratista expresaba inconformidad con lo suministrado y no han podido avanzar con lo plasmado en plano”, refiere el ingeniero.
Señala que desde diciembre de 2019 no le pagan las cubicaciones que sometió por concepto de trabajos realizados y que dentro de las razones de recisión figura que él le debe a la institución por lo que lo procederían a someter en materia penal.
“Cuando promulgan esa ley, mi hospital está dentro de esa ley, y lo llevan a 350 millones. Ahí es que dicen vamos a quitárselo a ese muchacho, vamos a…” se queda en silencio cuando comenzó hablar de ley 118-21 las verdaderas razones por las que le quitaron el contrato.
Calventi
En el Vinicio Calventi se había contratado con Leonel Ortiz Féliz realizar la ampliación del área de caja y emergencia por un monto de 23 millones 747 mil 544 peos. La obra fue aumentada a 539 millones 351 mil 983 y en la actualidad, según el Ministerio de la Vivienda el monto está en 1,674 millones 497 mil 843.
La entidad refiere que recibieron el proyecto en un 25% de construcción, algo negado por el contratista quien recurrió al Tribunal Administrativo a dirimir el conflicto como han hecho los otros dos ingenieros mencionados más arriba.
“No es cierto. La obra está en un 80-85%. En lo que rescindieron, lo rescindieron, lo rescindieron porque le interesaba el proyecto terminarlo (ellos) y estamos en un proceso de justicia porque hay una sesión de crédito que no me han cumplido con la sesión de crédito”, comentó.
Explica que con la pandemia, los precios de los materiales de construcción aumentaron y que cuando sometía los nuevos precios y las cotizaciones a INVI ellos nunca autorizaban.
“Ellos querían que yo lo hiciera pero sin autorización y les decía ¿quién me lo va reconoce? Y así sucesivamente una serie de cosas que no me la llegaron a reconocer tanto en la parte de los gases medicinales, tecnología, etcétera: que todo se disparó, todo absolutamente todo se disparó. Yo le sometí cotizaciones y cotizaciones y ellos decían que lo hiciera y que luego ellos lo iban a evaluar y yo le dije ¿cómo voy a trabajarle con un precio muy por debajo a lo que tengo en el presupuesto, sin darme la autorización? Y ahí ellos dijeron que iban a rescindir el contrato”, argumentó.
El Caribe.
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